Roberto Ruiz Moronatti condiciona la obra publica al voto priista.

TOLUCA, Méx.- En pleno siglo XXI las autoridades municipales de la mayoría de las alcaldías del Estado de México siguen aplican criterios políticos para atender y apoya a sus comunidades en demandas de servicios y obras.

La diputada del Partido Acción Nacional, Karina Labastida Sotelo explicó que en Coacalco como en el resto de la alcaldías gobernadas por el tricolor, siguen considerando criterios políticos para las obras y servicios, es decir “si en sus comunidades votaron por determinado partido tienen derecho de obras y servicios y en donde no, pues no”.

Explicó la legisladora del PAN, Karina Labastida Sotelo que finalmente el presupuesto que llega a los municipios como Coacalco, lejos de irse en obras, en seguridad pública para beneficio de su población, se destina para el pago de sueldos.

“Lo que menos necesitan municipios como Coacalco es tener una plantilla tan inflada de personal que no hace falta. Ojalá y sus autoridades municipales salieran a las calles a conocer lo que la gente realmente necesita, sin distingos partidistas”.

Refirió que desafortunadamente los alcaldes de la entidad se preocupan más por atender sólo a la gente que vota por su partido, me parece que en el caso particular de Coacalco todo ciudadano vale lo mismo, aunque no voten por el partido que gobierna. Asimismo, destacó que el municipio de Coacalco es una ciudad sobresaturada con múltiples conflictos viales, “queja que continuamente expone la ciudadanía de esta localidad porque las personas que salen a trabajar por las mañanas se les dificulta la salida por la vía José López Portillo, mientras que los agentes de tránsito municipal sólo se aparece en las vialidades conflictivas para extorsionar”.

Al referirse a su trabajo como legisladora dijo que una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, no sólo se iniciará una nueva etapa propositiva donde presentará diversas iniciativas, sino que también seguirá impulsando propuestas legislativas ya presentadas como la Ley de Paternidad Responsable, que tiene la finalidad de que “el día que los jóvenes quieran ser padres, lo sean de forma responsable”.