Abatir corrupción e impunidad, el reto del 2012.

Por M. Martínez

VALLE DE MÉXICO.- La corrupción y la impunidad van de la mano, pues un funcionario público que comete algún tipo de tropelía, abuso de autoridad e incluso un delito, permanece cobijado por la impunidad de no recibir sanción alguna al igual que pasa con un delincuente común.

Datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, ICESI, señalan que en el año 2010, de cada 100 delitos sólo dos alcanzaron una sanción y 85 de ellos no fueron denunciados ante una autoridad, integrándose a la llamada “cifra negra”.

NECESARIA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Catalina Palmer Arrache, directora de Encuestas del referido Instituto, señaló se ha impulsado un proyecto denominado “No te calles” con el objetivo de impulsar la cultura de la denuncia entre la población pues los niveles de denuncia son muy bajos y eso propicia la impunidad.

El proyecto “No te calles” y más información de orientación de quejas y asesoría del Instituto se puede encontrar en las páginas http://www.icesi.org.mx/ y http://www.notecalles.org.mx/

Por su parte, el luchador social Alfonso Otero Torregrosa, señaló “debe ser la sociedad civil la que debe vigilar el actuar de las dependencias hasta obligarlas a cumplir la ley”.

Tras dar a conocer la integración del Observatorio Ciudadano de la Justicia en el estado de México, el también Presidente de la Asociación de Industriales de Tlalnepantla de Baz, informó que dicho organismo ciudadano estará apoyado por abogados de la UNAM buscará dar seguimiento a corruptelas, anomalías y abusos de autoridad cometidos en perjuicio de los ciudadanos.

“El objetivo es presionar a las autoridades de todos los niveles para que ya le paren, no queremos más corrupción ni impunidad, desde la mordida que exige el agente de tránsito a los conductores o en los Ministerios Públicos, hasta la extorsión vil que piden las autoridades municipales a los empresarios que buscan abrir una nueva empresa y generar empleos, vamos por una cultura de la legalidad y la transparencia”, refirió.

Otero Torregosa destacó que el Observatorio Ciudadano de la Justicia del estado de México ya inició operaciones de asesoría legal en municipios del Valle de México, gracias a la colaboración de abogados de la UNAM, la Coalición Universitaria Mexiquense y Abogados Egresados de Acatlán, que preside Guillermo Pérez Herrera, por lo que proporcionó el teléfono 55655268 para comunicarse con el Observatorio.


TLALNEPANTLA, EMBLEMA DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

“Los funcionarios públicos se protegen entre sí, más sí sirven al mismo partido político, los ciudadanos tenemos que luchar con nuestros propios medios para acabar con la corrupción y la impunidad”, afirmó Gustavo Ávila Benítez, fundador del Frente Común Contra la Corrupción de Tlalnepantla.

El luchador social afirmó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha desechado sus quejas interpuestas ante las amenazas de muerte y hostigamiento que ha padecido a manos de funcionarios del gobierno de Arturo Ugalde, a partir de su denuncia pública de extorsión y corruptelas que impuso el alcalde desde la alcaldía.

“Desde que empezó nuestra lucha social, hemos recibido amenazas, incluso ya sufrimos un robo en las instalaciones de mis oficinas, se llevaron el cerebro del circuito cerrado de las instalaciones, pero a pesar que interpusimos la denuncia ante la Procuraduría mexiquense y solicitamos al C4 archivos de la video-vigilancia que hay en la zona, no hemos recibido respuesta ni apoyo alguno”, señaló Ávila Benítez.

Otro caso archivado en los expedientes de la impunidad de la CODHEM son las agresiones recibidas por el editor de este medio, quien sufrió amenazas y agresiones físicas al interior del palacio de gobierno de esta ciudad a manos de funcionarios de Uglade Meneses, entre ellos Noé Segura González y Manuel Salinas, cuyas quejas ante la CODHEM y denuncia ante la PGJEM también fueron desestimadas, solapando el abuso de autoridad y agresiones que se cometen desde el gobierno local emanado del PRI.

Un caso más de impunidad solapado por la PGJEM es el que padece la ex Juez Calificador del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Lorena Hernández Jiménez, quien en marzo de 2011 denunció el despido injustificado de que fue objeto, pero meses después, simplemente su denuncia ha sido archivada en la PGJEM, a pesar que ya fueron abiertas dos denuncias contra el secretario del Ayuntamiento Jorge Armando Chávez Enríquez y otros funcionarios, en los expedientes TLA/MR/III/220/2011 y TLA/MRI483/2011.

“La representación social (MP) pone obstáculos absurdos e incoherentes y no la integra como corresponde, está claro que se busca proteger al secretario del Ayuntamiento Jorge Armando Chávez Enríquez, así como funcionarios a su cargo y al parecer con parentesco familiar de éste, entre ellos Tania Mayela Chávez y Laura Hernández Chávez”, lamentó.

La denunciante recordó que la primer acta referida, es por abuso de autoridad contra las personas arriba mencionadas, las cuales acosaron laboralmente a la hoy quejosa y a pesar de tener conocimiento de esas anomalías, Jorge Chávez Enríquez solapó.
Y detalló que la segunda averiguación previa referida fue interpuesta contra María Noemí Jiménez Lemus, Marco Antonio Ríos Chávez, Rosalía Ramírez Tirador, Laura Hernández Chávez y Genaro Torres Villa, por falsedad de declaraciones ante el MP, “pues argumentaron que mi despido fue por abandono de trabajo, a pesar que ya he comprobado el despido injustificado y el acoso laboral que sufrí durante el tiempo que laboré en el gobierno local”, afirmó.

VOLUNTAD POLÍTICA Y PROFESIONALIZACIÓN DE POLICIAS, LA ALTERNATIVA

Para abatir tales niveles de corrupción e impunidad, se requiere voluntad política, verdadera vocación de servicio y participación de la sociedad, alertó José Luís Cortes Trejo, luchador social de Tlalnepantla de Baz, quien ha documentado diversas corruptelas y abusos cometidos en la actual administración municipal.

“Hemos solicitado a la PGR que investigue a Arturo Ugalde por omisiones en sus funciones y que han derivado en posibles delitos como en el caso del colapso del puente peatonal, hemos solicitado al Órgano Superior de Fiscalización que le ordene regresar dinero de las arcas públicas usado para el pago de bonos y altos salarios, que debería ser usado en obra pública, y simplemente no pasa nada, falta voluntad política en los funcionarios de todos los niveles de gobierno”, alertó.

Por su parte, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad A.C., ICESI, ha propuesto a las autoridades de los tres niveles de gobierno instaurar una auténtica carrera de formación policial, así como el otorgamiento de salario y prestaciones laborales adecuadas, y la dotación a los agentes policiacos de los recursos materiales y tecnológicos apropiados y suficientes para la labor preventiva y de investigación de los delitos.

Los investigadores del ICESI estiman imprescindible la coordinación eficaz y ágil entre los diversos cuerpos policiales, la instauración de un organismo público autónomo para la vigilancia y el control estrictos y eficaces de la conducta de los policías, y el fortalecimiento de los vínculos entre los cuerpos policiales y la comunidad, como parte de un paquete de medidas para abatir la impunidad, pero aún falta mucho por hacer