*En un encuentro con miembros de la AMPI, el diputado Eynar de los Cobos Carmona, expuso la iniciativa de Ley de Operaciones Inmobiliarias la cual se analiza en la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales y podría brindar certeza jurídica tanto a propietarios de los bienes inmuebles como a quienes los adquieren.
*La percepción oficial cierra los ojos a los problemas de inseguridad, deterioro del medio ambiente y calidad de vida que padecen miles de habitantes de conjuntos urbanos edificados sin control y de forma irresponsable por compañías inmobiliarias, documenta el Centro Prod de Derechos Humanos.
Por Mauricio Martínez
TOLUCA, Méx.- Arriesgar el patrimonio familiar es un grave daño, y la responsabilidad de cualquier gobierno es brindar certeza jurídica a sus habitantes, por lo que es importante contar con una legislación en la materia, mencionó el diputado Eynar de los Cobos Carmona, al encabezar un encuentro con miembros de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), en la que expuso la iniciativa de Ley de Operaciones Inmobiliarias del Estado de México, en el salón Benito Juárez del recinto Legislativo.
En la reunión se indicó que la actividad inmobiliaria se ha convertido en un importante indicador del crecimiento económico y la estabilidad social, en la entidad mexiquense casi 14 mil personas trabajan en este sector.
No obstante la percepción oficial, hay que recordar que los principales problemas sociales en la entidad se deben al crecimiento demográfico sin control que han promovido los desarrollos inmobiliarios.
Ejemplos de deterior del medio ambiente a causa del desarrollo urbano inmobiliario sin control ni planeación hay varios, pero entre los más graves está el problema de contaminación que sufre el Lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli, donde los fraccionamientos aledaños a ese cuerpo de agua, tanto en la zona izcallense (La Floresta I y II, entre otros) así como en el municipio de Nicolás Romero (Hacienda Santo Tomás y Cumbres del Sol, entre otros), con la descarga ilegal de sus aguas residuales han provocado la muerte progresiva de ese cuerpo de agua y ecosistema que lo circunda, como ha documentado la organización ambiental Aquabiosphera.
Otro problema social que han detonado los desarrollos inmobiliarios sin control es la inseguridad, cuyo ejemplo puede ser citado el municipio de Nicolás Romero, donde en conjuntos urbanos como Ciudad Campestre, Cantaros III, La Gloria y otros, el robo a casa habitación, violaciones y robo a peatones es una constante, han denunciado sus habitantes.
Otro ejemplo de deterioro social provocado por los desarrollo inmobiliarios vía una política rapaz y de negocio, son los conjuntos urbanos La Piedad y Lomas de Cuautitlán, éste último edificado por la constructora Profusa Cuautitlán, propiedad del empresario y hoy diputado del Partido Verde Francisco Funtaned Mange, la cual en Cuautitlán Izcalli edificó junto a un tiradero de basura a cielo abierto el fraccionamiento también conocido como Lomas de Tepojaco con más de 11 mil viviendas de interés social, el cual al igual que La Piedad carece de servicios básicos regulares como agua potable, luz eléctrica y seguridad así como infraestructura urbana complementaria como clínicas de salud, áreas deportivas, áreas verdes y mercados públicos.
De igual forma, dichos conjuntos urbanos fueron edificados sobre suelo arcilloso, lo que está provocando deslaves y fracturas en la infraestructura de las viviendas así como de las escuelas públicas de la zona, lo que ha puesto en riesgo la vida de más de 45 mil habitantes, ha documentado el Centro Prod de Derechos Humanos, el Instituto Politécnico Nacional y la Dirección de Protección Civil del gobierno del estado de México.
La iniciativa del diputado de los Cobos, que se analiza en la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, tiene como objetivo regular esta actividad, y las funciones de los profesionales inmobiliarios que desarrollan operaciones como: compra, venta, arrendamiento, cesión, permutas, o cualquier forma legal que transmita la propiedad o derechos sobre inmuebles.
Acompañado por el presidente nacional de la AMPI, Sergio Gómez Rábago, el diputado destacó la importancia de que los profesionales inmobiliarios cuenten con una licencia para desarrollar sus labores, con la finalidad de erradicar los problemas que actualmente se presentan tanto a propietarios de los bienes inmuebles como a quienes los adquieren.
La iniciativa de Ley -que cuenta con 29 artículos, y está dirigida a la sociedad, al gremio mobiliario y al gobierno- tiene también entre sus propósitos estandarizar los procesos de operación, a través de la capacitación y certificación de estos profesionales, vigilando que la prestación de los servicios mobiliarios en cada uno de los procesos cumpla con los niveles de calidad y ética necesarios, a través de filtros de evaluación que se implementen en los programas de obtención de la licencia inmobiliaria.
Durante el encuentro, José Ramón Saldaña Sarabia, miembro de la AMPI, señaló que en el país, estados como Sonora, Baja California, San Luis Potosí, Chihuahua, entre otros; y a nivel internacional países como: Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Estados Unidos y Canadá,cuentan ya con una legislación en la materia.
Por su parte, Noé Silva Rodríguez, ex presidente de la AMPI sección Toluca, mencionó que con esta Ley habría un avance legal que proteja los intereses de toda persona que realice un negocio inmobiliario; y que un marco regulatorio de este tipo es necesario para una actividad tan dinámica e importante en la entidad.
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